Por Grisela A. García Ortiz[i]
El proyecto de Ley 16-PE-2021 remitido por el Ministro Martín Guzmán el domingo 27/12/2020 e incluido por el Poder Ejecutivo para tratar en Sesiones Extraordinarias del Congreso Nacional propone extender la suspensión de baja gradual de impuestos (a las ganancias - alícuotas Sociedades de Capital, establecimientos permanentes del país, dividendos y utilidades) establecida en el Art. 48 de la Ley N° 27.541 (de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública) , como una de las primeras medidas del actual Gobierno (B.O. 23/12/2019).
El proyecto a tratar insta a mantener en 2021 en el Impuesto a las Ganancias la alícuota del TREINTA POR CIENTO (30 %) para las Sociedades de Capital y para los establecimientos permanentes del país, y del SIETE POR CIENTO (7 %) para los dividendos distribuidos y la remesa de utilidades a la casa matriz, respectivamente, suspendiendo por un (1) año más las bajas establecidas en los incisos d) y e) del artículo 86 de la Ley N° 27.430 (de reforma tributaria) y sus modificaciones, instadas por el Gobierno anterior en 2017.
A los propios argumentos de Guzmán en los considerandos de la ley remito: “Como se destacara en reiteradas ocasiones, un problema constante del país ha sido la falta de sostenibilidad de las finanzas públicas, lo que inevitablemente ha desembocado en aumentos de la deuda pública y en crisis recurrentes. No hace falta recordar el daño profundo y duradero que provocan las crisis macroeconómicas y, en general, las condiciones de inestabilidad monetaria y financiera como las que han caracterizado al país. En este sentido, resulta indispensable que el sector público sea solvente y percibido como tal ya que un Estado perseguido por las urgencias de financiamiento no tiene capacidad para ejercer apropiadamente funciones estabilizadoras y, menos aún, para aplicar políticas de desarrollo económico y social”. Da ganas de llorar, por la crueldad del diagnóstico y la inoperancia de la medida
Las políticas de reforma tributarias instadas, en el año 2017, estaban constituidas por varios elementos, diseñados y consensuados entre las provincias y la Nación, para lograr que la estructura tributaria federal sea consistente con una dinámica fiscal sostenible. Los elementos más relevantes eran: a) la Ley de Reforma Tributaria (Ley 27.430), b) el Consenso Fiscal entre la Nación y provincias, c) la Ley de Responsabilidad Fiscal y d) la Ley de Reforma Previsional. No todos los elementos pudieron materializarse, ya que el camino diseñado era pensando para un mediano y largo plazo. Esta reforma, conjuntamente con otras medidas instadas, como la apertura de nuevos mercados, el apoyo a la creación de herramientas de inversión (como las sociedades por acciones simplificadas -SAS); la implementación de políticas de transparencia y seguridad jurídica instalaban un clima de credibilidad en el Estado como base fundacional para el desarrollo. Hoy, podemos decir que se ha dado marcha atrás en todos estos puntos.
En la actualidad las políticas son respuestas a coyunturas, maximizadas por la pandemia, sin un modelo claro. Argentina ha estado avanzado, en cambio, hacia un camino de "pobreza inclusiva": Los excluidos socialmente por la incapacidad del estado para crear las condiciones que promuevan una movilidad social ascendente son "compensados" (subsidiados) con una transferencia monetaria financiada por impuestos indirectos sobre el trabajo y la producción que retroalimenta el estancamiento del país y la exclusión social.
Medidas como la prohibición de despidos y la doble indemnización, lejos de sostener el trabajo en el sector privado, deteriora aún más la posibilidad de generar empleo en blanco y desalienta el crecimiento de las PYMES, que son el motor principal de la economía.
Es así que el Gobierno no solo fomenta la economía en negro a través del IFE (ingreso familiar de emergencia. Decreto 310/2020), festejando la apertura de verdulerías y/o peluquerías barriales de nula tributación como grandes logros re distributivos, sino que pone -además- barreras al crecimiento de los muchos emprendimientos en blanco que no cuentan con políticas de apoyo, crédito, ni fomento. Vemos entonces que tanto en los sectores bajos, como medios y altos de la población cualquier nuevo proyecto se resiste a incorporarse a la economía regular o blanca, que tributa y nutre al estado de recursos genuinos. En cambio, cada vez más presión tributaria se concentra en menos cantidad de personas y empresas, que se encuentran ahogadas, en fuga y/o con nula proyección de competitividad.
En materia tributaria, para citar algunos ejemplos: el gobierno de Argentina redujo los impuestos sobre el patrimonio en 2017, con impacto hacia 2016 e instó el posterior blanqueo (Ley 27.430). El Gobierno actual, que asumió en diciembre de 2019, dio marcha atrás y aumentó estos impuestos dos veces en los últimos 12 meses (Ley 27.541), creando además nuevos tributos (Ley 27.605 Aporte Solidario). En el año 2017 se recortaron los impuestos laborales para fomentar el empleo formal hacia el “blanqueo laboral” y reforma integral impedida por la oposición con mayoría en ambas Cámaras del Congreso. En el año 2018 se sancionó la ley de Economía del Conocimiento en 2018 (Ley 27.506) para promover servicios calificados que se vislumbraban como una importante fuente de exportaciones; el nuevo Gobierno difirió su reglamentación y limitó sus alcances por el Decreto 1034/2020. En 2016 se redujeron los impuestos a la exportación (Decretos 133/2015; 160/2015; 349/2016), para aumentarlos en 2019 tanto en monto como en sujetos alcanzados.
El cambio de rumbo y de proyecto de País es evidente. Como sostiene un artículo "Changing Argentina's Inertia", publicado en Americas Quarterly (https://americasquarterly.org/article/changing-argentinas-inertia-is-it-possible/) del economista Eduardo Levy Yeyati, frente a la situación actual de Argentina: “Un pronóstico conservador sugeriría que, a menos que veamos políticas disruptivas para cambiar esta inercia, entonces, en el futuro previsible, el país continuará exhibiendo exportaciones rezagadas, inversión mínima, intervenciones defensivas ad hoc , alta inflación (actualmente en alrededor del 35% y en aumento). , presión cambiaria persistente, crecimiento per cápita ligeramente negativo (luego de un modesto repunte de la pandemia), impuestos nuevos o más altos para compensar la disminución de la base imponible y una renovada fuga de capitales y personas”.
En este marco, la ley que se propone aprobar el Gobierno en las sesiones extraordinarias 2021, es otro eslabón más en un camino de destrucción de la inversión y el crecimiento. Hay tres conceptos claros que se rompieron y que causarán un daño aún mayor al de la crisis actual con sus perspectivas de reactivación: Es necesario restablecer la seguridad jurídica, la previsibilidad y la confianza para volver a crecer.
*La autora es abogada UBA Diploma de Honor, egresada de la Escuela Nacional de Gobierno del INAP y Magister en Gestión Pública de la Universidad Carlos III de Madrid.